Esta legislación introdujo, además de importantes novedades en materia de telecomunicaciones, algunos cambios en relación con la protección de los datos de carácter personal.
En concreto, la norma otorga a la Agencia Española de Protección de Datos la potestad para examinar las medidas adoptadas por los operadores en materia de protección de datos de carácter personal. Además, podrá realizar recomendaciones a fin de mejorar las prácticas sobre el nivel de seguridad y dictar instrucciones si se conoce algún tipo de violación de los datos personales por parte de estos.
Esta ley también busca la protección de los derechos de los usuarios en relación con las comunicaciones no solicitadas, estableciendo que en caso de las llamadas con fines de comunicación comercial automáticas, sin intervención humana o mensajes de fax, se debe recabar el consentimiento previo e informado del usuario. Si las llamadas no son automáticas, el usuario deberá ser informado del derecho y podrá oponerse
El cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley contribuye al respecto de la intimidad de los usuarios.
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